Sánchez modifica por sexta vez en 18 meses el Ingreso Mínimo ante el fiasco de la prestación

El dicho vísteme despacio que tengo prisa no está en el vocabulario de Pedro Sánchez. La premura con la que quiso anunciar la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en plena crisis sanitaria mundial, ha obligado al Ejecutivo socialista ha modificar la norma hasta seis veces desde que fuese aprobada el pasado 29 de mayo de 2020. Una evidencia de la improvisación de Sánchez con respecto al ingreso mínimo, que sólo ha llegado al 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Este jueves, el pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la norma, que contempla cambios como los complementos de hasta 100 euros por hijo, ayudas para personas con caídas repentinas de ingresos, acceso de aquellos que agoten el subsidio por desempleo o el aumento de la prestación para familias con algún miembro con discapacidad, entre otras. Pero esta no es la primera modificación que se hace.

Por el Real Decreto-ley 20/2020, aprobado el 29 de mayo de 2020, se crea y regula el ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Poco más de un mes después se produjo el primer cambio: el Ejecutivo añadió un nuevo apartado  con el fin de dar la cobertura legal necesaria a la Seguridad Social para facilitar a comunidades autónomas y entidades locales la información necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia.

Dos meses después, y con menos de una semana de diferencia entre ambas, el Gobierno socialista volvió a realizar mejoras al texto, para agilizar el acceso al ingreso mínimo. Algo necesario tras el fiasco de esta prestación: tres de cada cuatro solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) -el 73%- han sido denegadas y sólo llega al 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, lo que se atribuye principalmente a la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos.

La evolución de esta prestación en 2021 va de mal en peor. El Ejecutivo aseguró que esta prestación llegaría a los 800.000 hogares y 2,1 millones de personas en situación de pobreza. Posteriormente lo redujo a 500.000 hogares y los últimos datos del propio Ministerio señalan que se han alcanzado algo más de 200.000 hogares. Una situación que deriva de la gran cantidad de solicitudes que han sido denegadas. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513). Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada cuatro: 337.000 han sido aprobadas y 888.000 denegadas.

Más de 1.000 millones sin repartir

Y es que, pese a que el ingreso mínimo vital, medida estrella del llamado escudo social del Gobierno socialista, de los 3.000 millones de euros anuales que Pedro Sánchez aseguró que repartiría entre la población más necesitada se van a quedar en 2.000 millones a final de año. Alrededor de un 35% -esos cerca de 1.000 millones- se quedará en las arcas públicas, dejando en evidencia la gestión del Ejecutivo.

Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio, en los diez primeros meses del año el Gobierno ha repartido 1.564 millones de euros, lo que supone poco más de la mitad de los 2.998 millones que tiene presupuestados y que se corresponden con la promesa inicial del Ejecutivo. El reparto mensual este año no alcanza los 200 millones, por lo que a final de año rozará los 2.000 millones repartidos. El Ministerio que dirige Escrivá redujo en septiembre en 260 millones el presupuesto del ingreso mínimo y los traspasó a otras prestaciones familiares, lo que le va a permitir repartir a final de año algo más del 60% de lo presupuestado.